Desde una memoria USB hasta una impresora, Desde un CD grabable hasta un Smart TV, pasando por consolas de videojuegos y reproductores de música, todos son potenciales habilitadores del delito de piratería y por ello quienes lo poseen deberían pagar una cuota ya que potencialmente podrían almacenar contenido protegido por derecho de autor.
En una especie de Minority Report, el Senado mexicano ha propuesto una reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor que busca implementar una cuota compensatoria a todos aquellos dispositivos electrónicos con capacidad de almacenar información como películas, música, texto, imágenes y toda aquella obra protegida por derecho de autor.
Es decir, impone un impuesto al suponer que el usuario podrá utilizar el almacenamiento para alojar ilegalmente obras protegidas intelectualmente. Dicho de otra manera, el Senado mexicano presupone que todos los mexicanos son piratas.
Nada nuevo bajo el sol
Este es un nuevo intento por imponer medidas que compensen a los creadores de manera anticipada ante una eventual violación a sus derechos, a finales del siglo pasado se buscó imponer una cuota por Copia Privada o Canon Digital cuando el consumo de obras protegidas a través de medios digitales se producía en un contexto muy diferente al actual.
Actualmente, la industria tecnológica se ha comprometido a establecer mecanismos de protección a las obras intelectuales y aunque si bien, el problema de la piratería persiste, el acceso a películas, libros, música, entre otros, a un precio razonable con tecnología cada vez más capaz y al alcance de todos, ha reducido el problema significativamente en las dos décadas del siglo 21.
Este nuevo intento de imponer dicha cuota, no solo vulnera el principio de presunción de inocencia al suponer de facto que todos los propietarios de laptops, celulares, discos duros, computadoras, consolas de videojuegos, memorias USB, tabletas e incluso impresoras, sino que también la imposición de esta cuota ( que el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, IDET, calcula con un sobreprecio entre $3.8 y $5.6 mil millones de pesos anuales más en la adquisición sólo de smartphones) deja de lado y "desconecta" a la población de más bajos recursos.
Los fabricantes deberán absorber ese costo, pero...
La iniciativa señala que los fabricantes de dispositivos con capacidad de almacenar obras protegidas deberán ser los que paguen la cuota compensatoria, sin embargo, la experiencia ha señalado en todo el mundo que cuanto cuotas impositivas de este tipo se aplican, el costo termina trasladándose al usuario final.
Esto naturalmente implica que el costo de los electrónicos con capacidad de almacenamiento encarecerán su precio y dejarán de ser accesibles para una gran porción de los consumidores mexicanos.
De imponerse dicho instrumento, de acuerdo con el IDET, tendrá lugar una reducción de entre $4.0 y $5.9 millones de pesos en los ingresos anuales por la venta de estos equipos. Mientras que las pérdidas en el Bienestar del Consumidor ascenderán a un rango de entre $48 y $109 millones de pesos, al no obtener los beneficios de los equipos que se generarían por su tenencia.
Diferentes organismos de telecomunicaciones han expresado su rechazo a la medida. Actualizaremos esta nota en cuanto se genere más información.
